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'Investigaciones en el MP deben continuar'

31/8/17 - 12:00 AM
Así reaccionaron diversos sectores del acontecer nacional, tras las declaraciones de la procuradora Kenia Porcell sobre presiones contra los fiscales.

Porcell ha sido cuestionada por el manejo que le ha dado al escándalo de Odebrecht, así como por aplicar justicia en forma selectiva para no involucrar a allegados al Gobierno. /Foto Archivo

Surgen interrogantes en denuncia de la procuradora sobre presiones

  • Jason Morales Valdés | [email protected] | @JasonMoralesV                                            

"Las investigaciones deben continuar", así reaccionaron varios sectores a las declaraciones de la procuradora general de la nación, Kenia Porcell, quien señaló que corren peligro cinco casos por blanqueo de capitales.'

Surgen interrogantes en denuncia de la procuradora sobre presiones

Las declaraciones de la procuradora Kenia Porcell en las que denunció que los fiscales que investigan casos de corrupción han recibido amenazas han dejado algunas interrogantes entre grupos de juristas.

Porcell aseguró que las presiones son ejercidas por parte de poderes económicos, políticos, mediáticos y de la banca para que no sigan las pesquisas.

El exembajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA) Guillermo Cochez‏ se preguntó: “¿Quiénes serán los allegados que estarán presionando a la procuradora Kenia Porcell y a fiscales del Ministerio Público?”.

A su vez, el abogado Ernesto Cedeño señaló: “¿Quién puede amenazar a un fiscal y no quedar preso por eso? Algo no me cuadra”.

Mientras, la diputada del PRD Zulay Rodríguez exigió a la procuradora que diga los nombres de los que supuestamente están encubriendo la corrupción. “Los panameños no queremos excusas, sino resultados. Nadie puede presionar al MP”, señaló.

Porcell denunció que los fiscales han sido amenazados por poderes económicos, políticos, mediáticos y de la banca, que intentan detener las investigaciones de estos expedientes.

En opinión de varios juristas, la procuradora ha podido aplicar el artículo 288 del Código Penal, que establece que "quien utilice la fuerza física, amenace o intimide a un funcionario del Órgano Judicial o el Ministerio Público (MP), con la finalidad de obstaculizar el cumplimiento de sus funciones oficiales, será sancionado con prisión de cinco a diez años".

Sin embargo, Porcell optó por brindar una declaración, en vez de convocar a conferencia de prensa, y no dio detalles de cómo se han producido dichas amenazas.

Ante esto, grupos de la sociedad civil como la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) exigieron que se continúen y concluyan las investigación en el MP para garantizar que "nadie está por encima de la ley".

El gremio declaró que el país tiene que cumplir con el debido proceso, exigir transparencia e información, pues si existen presiones, hay que denunciarlas.

A su vez, la Cámara de Comercio (CCIAP) pidió iniciar las investigaciones correspondientes, dado que la obstrucción de la justicia se tipifica en el artículo 360 del Código Penal, ya que no se puede interferir con el debido proceso y las investigaciones pertinentes.

En tanto, Transparencia Internacional instó a la jefa del Ministerio Público a denunciar penalmente a las personas que, supuestamente, están obstruyendo las investigaciones.

"Mientras sigan operando desde el secreto y la oscuridad, el Ministerio Público estará bajo presiones indebidas", indicó el capítulo panameño de la organización internacional.

Por su parte, el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) aseveró que la propia procuradora les ha dado un manejo inadecuado a los casos sobre sobornos de Odebrecht, y el hecho de esconder a quienes cayeron en corrupción no le hace bien a nadie.

"Eso también hace que se genere cierto tipo de presiones por aquellos que participaron en la corrupción de Odebrecht, y se hace necesario que señale quiénes son los grupos que participaron de ese entramado", afirmó uno de sus voceros en conferencia de prensa.

Por su parte, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) señaló que en nada sorprende la denuncia hecha por la procuradora, debido al perfil de esos eventos, cuyos implicados intentan frenar las pesquisas.

Afirmó que el que la procuradora acuda a la fuerza de la opinión pública para denunciar un hecho de esta magnitud se debe a que los poderes que le concede el Estado resultan insuficientes.

Tras las declaraciones de Porcell, ayer el presidente de la República, Juan Carlos Varela, se limitó en expresar que "para recuperar los más de mil millones desviados del pueblo panameño, el sistema judicial debe actuar por los mejores intereses de la nación".